Comunicado de prensa
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS NO LE RESPONDE A LOS PENSIONADOS DE LA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA
Los 895 pensionados de la Flota Mercante Grancolombiana, hombres y mujeres de los cuales el 63% supera los 70 años, viven la angustia de no saber cómo se van a cubrir sus mesadas a partir de marzo próximo.
Bogotá 22 de febrero de 2008-. Los 895 pensionados que actualmente tiene la Flota Mercante Grancolombiana, temen dejar de recibir sus pensiones porque los recursos con los que les ha venido pagando se acaban en marzo. El 63% de estas personas supera los 70 años.
El temor de los pensionados de la Flota ante la incertidumbre tiene antecedentes. Desde septiembre de 1999 y por 21 meses, cesaron los pagos de las mesadas y los aportes al sistema de salud de los pensionados de la época. Durante esos meses, 45 pensionados murieron entre otras causas por no poder acceder a los servicios de salud.
En 2001, cuando la Flota ya estaba en proceso de liquidación obligatoria, el Fondo Nacional del Café, a través de la Federación Nacional de Cafeteros como su ente administrador, compró los activos que tenía la compañía y con parte de esos recursos se cubrieron las mesadas hasta hoy. Pero ese dinero se acaba el mes entrante.
Durante los 50 años de operación de la Flota Mercante Grancolombiana el Fondo Nacional del Café, dueño del 80% de sus acciones, fue beneficiario de las utilidades que reportaba la naviera; sin embargo, la Federación Nacional de Cafeteros, representante del Fondo en los órganos decisorios de la empresa, no hizo en los momentos de crisis, las provisiones para pensiones ordenadas por la ley.
La Federación Nacional de Cafeteros, directa responsable del pago de las pensiones, no ha respondido a dos derechos de petición de los pensionados, en los cuales le piden a la entidad la respuesta sobre la manera como se van a cubrir sus mesadas a partir de marzo de 2008. Por esta razón, los pensionados asociados en APENFLOTA interpusieron el pasado 4 de febrero una Acción de Tutela buscando amparo a su derecho a presentar peticiones y recibir adecuada respuesta por parte de la entidad obligada por la Corte Constitucional al pago de sus mesadas.
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